Por: 7ma Medios

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó su Asamblea General Ordinaria, donde se confirmó la reelección de Claudio «Chiqui» Tapia como presidente hasta 2028. En un contexto de tensión con el Gobierno por un fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ), el cónclave fue avalado por la Justicia, permitiendo su desarrollo en el predio de Ezeiza. De 46 asambleístas, solo Estudiantes de La Plata no participó.

Además de la reelección de Tapia, uno de los puntos clave fue la anulación de los descensos en la Liga Profesional para esta temporada. Esto significa que, en 2025, la Primera División contará con 30 equipos, sumando los dos ascensos de la Primera Nacional.

El nuevo formato del torneo se jugará en dos fases: Apertura y Clausura, con 15 equipos en cada zona. Ambos torneos tendrán un formato similar al actual de la Copa de la Liga, incluyendo una fecha de clásicos, otra interzonal y un sistema de playoffs que culminará con una final para definir al campeón. Pese a las advertencias del gobierno, que busca impugnar la Asamblea por considerarla nula, la AFA logró aprobar todas sus reformas, mostrando una clara unidad entre los clubes.

Sin embargo, el gobierno de Javier Milei ha manifestado su fuerte oposición a las decisiones tomadas en la Asamblea de la AFA, sobre todo en relación a la reelección anticipada de Claudio «Chiqui» Tapia y las reformas aprobadas, como la anulación de los descensos y la ampliación de la liga a 30 equipos. Desde la Casa Rosada, se preparan acciones judiciales para intentar frenar lo que consideran una violación de la ley y los reglamentos internos de la AFA.

La Inspección General de Justicia (IGJ) emitió un fallo que podría declarar nula la Asamblea, argumentando que la convocatoria fue ineficaz y contraria a la normativa vigente. Según Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, la AFA no cumplió con las normativas del Código Civil y Comercial, además de desobedecer la resolución de la autoridad de control. Para el Gobierno, la decisión final recaerá en la Cámara Civil, que deberá resolver la validez de la Asamblea y las reformas aprobadas.

El conflicto legal es apenas una parte del enfrentamiento entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol argentino. Políticamente, la administración de Milei ha dejado claro que buscará frenar las reformas a través de todos los recursos judiciales posibles. Sin embargo, el poder de Tapia dentro del mundo del fútbol, respaldado por la unanimidad de los clubes grandes y chicos, representa un desafío considerable para el Gobierno.

La AFA, respaldada por el voto unánime de sus asambleístas y el apoyo de FIFA y Conmebol, parece haber blindado sus decisiones. Estas entidades internacionales han advertido que cualquier intento de intervención política en la AFA podría derivar en sanciones para el fútbol argentino, como la suspensión de su participación en competencias internacionales, algo que el Gobierno de Milei quiere evitar a toda costa. La intervención judicial sigue siendo una amenaza, pero su efectividad está en duda debido al respaldo del fútbol local e internacional a Tapia.

En este escenario, el gobierno de Milei enfrenta un dilema político: seguir adelante con las acciones legales contra la AFA, arriesgando una crisis en uno de los ámbitos más sensibles para los argentinos, o encontrar una vía de negociación que le permita preservar su imagen sin interferir directamente en la conducción del fútbol. Por ahora, las intenciones del Gobierno parecen apuntar a una larga batalla judicial, pero con el riesgo de que no logre revertir las decisiones tomadas por la asamblea.