Por: 7ma Medios

La movilización en apoyo a los jubilados culminó sin incidentes graves, pero bajo un imponente despliegue de seguridad coordinado por la ministra Patricia Bullrich. Tras la violenta represión de la semana pasada, el Gobierno optó por una estrategia de intimidación con controles de DNI, revisiones de mochilas y anuncios en estaciones de tren que advertían sobre posibles represalias.  

En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que blinda el nuevo pacto con el FMI. Con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones, el oficialismo logró su objetivo en una sesión marcada por fuertes cruces y acusaciones.  

Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei monitoreó tanto la votación como el operativo de seguridad. Mientras la represión quedaba de lado por orden del Ejecutivo, el discurso oficial se centró en deslegitimar la protesta y minimizar su impacto.  

El costo del dispositivo de seguridad ascendió a 600 millones de pesos, una cifra menor a la de la jornada anterior debido a la ausencia de enfrentamientos. Sin embargo, la tensión en las calles y dentro del recinto legislativo dejó en evidencia la profunda grieta política y social que atraviesa el país.