Por: 7ma Medios

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, decidió no sumarse al paro general convocado por la CGT para este jueves 10 de abril. La razón: el gremio se encuentra bajo conciliación obligatoria, lo que impide legalmente realizar medidas de fuerza. Así lo confirmaron desde el sindicato, aunque remarcaron su adhesión al reclamo de la central obrera.

La medida, no exenta de polémica, vuelve a exponer las diferencias internas en el sindicalismo argentino. Desde el Gobierno advirtieron que la UTA debía acatar la conciliación para evitar sanciones, y así lo hará. Sin embargo, algunos gremialistas sostienen que no deberían aplicarse penalidades ya que el paro tiene motivaciones distintas al conflicto salarial específico del sector.

Mientras tanto, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, ratificó la huelga. Luego de una reunión de más de tres horas, los sindicatos del sector -que incluyen ferroviarios, aeronáuticos, marítimos, portuarios, camioneros, subterráneos y más– avanzaron en los preparativos del paro y de una movilización prevista para este miércoles frente al Congreso.

Schmid criticó duramente la postura de la UTA: “Los choferes enfrentan los mismos problemas que el resto de los trabajadores del transporte. Esta actitud ya es habitual en Fernández”, señaló, en alusión al secretario general del gremio.

Por su parte, Juan Pablo Brey, vocero de la CATT, aseguró que “el Gobierno deberá abrir el diálogo o asumir que en democracia protestar también es un derecho”.

Este martes, la CGT realizará una conferencia de prensa donde detallará los motivos de la medida y presentará un documento con sus reclamos. No estarán presentes dirigentes del ala más dialoguista, como Gerardo Martínez (UOCRA) o Armando Cavalieri (Comercio), lo que marca otra señal de fractura en el movimiento sindical ante el ajuste de Javier Milei.

Si el jueves los colectivos circulan con normalidad, el impacto del paro podría verse reducido. Pero el mensaje de los gremios que sí paran apunta directamente a la política económica del Gobierno y al intento de avanzar sobre derechos laborales.