Por: 7ma Medios

La Universidad de San Martín fue el escenario en el que el gobernador Axel Kicillof lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias del ajuste nacional: “Venimos a denunciar las terribles consecuencias que provocan las políticas de ajuste y desinversión del Gobierno nacional”. La frase fue parte del discurso que pronunció durante un acto junto a funcionarios provinciales, intendentes y el rector de la UNSAM, donde también presentó un documento firmado por decenas de jefes comunales en rechazo al abandono de la obra pública.

“500 días sin obras nacionales”, resumió el mandatario en un mensaje directo al presidente Javier Milei. Kicillof señaló que la interrupción de proyectos en educación, salud y vivienda es una “decisión criminal” y que la obra pública es “un círculo virtuoso que genera trabajo, industria y bienestar”.

La jornada se realizó frente a la Torre de Innovación Científico-Académica (TICA), una obra que fue retomada por el gobierno provincial luego de haber quedado paralizada por la Nación. Con una inversión de $3.685 millones, se avanzará en el cierre de la envolvente del edificio, pintura, impermeabilización y pluviales.

“El plan de Milei no es nuevo ni libertario: es un modelo de saqueo que perjudica a las mayorías y beneficia a una pequeña minoría que se llena de plata”, criticó el Gobernador, y sostuvo que el reciente acuerdo con el FMI representa “una derrota”.

Junto a Kicillof estuvieron Gabriel Katopodis (Infraestructura), Silvina Batakis (Hábitat), Fernando Moreira (intendente local), y Carlos Greco (rector de la UNSAM). Katopodis alertó: “Paralizar la obra pública no es gratis. Se destruyen empleos y se pierde desarrollo”. Batakis, en la misma línea, recordó que ya se están construyendo 8 mil viviendas y se retomarán otras 2 mil que Nación dejó sin terminar.

Greco, por su parte, destacó el valor institucional de la universidad pública y celebró el apoyo provincial: “Aquí vamos a formar nuevos científicos e investigadores”.

El documento presentado será elevado a la Comisión de Obra Pública en la Cámara de Diputados. Fue suscripto por más de 30 intendentes de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, incluyendo Almirante Brown, Avellaneda, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Ensenada, y municipios de Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego.

La provincia de Buenos Aires se posiciona así en defensa activa de la inversión estatal como motor de desarrollo, frente a un Gobierno nacional que, según denuncian, decidió dejar obras a mitad de camino.