Por: 7ma Medios

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner detonó una ola de repudio político, social y sindical que se multiplicó en todo el país y resonó a nivel internacional. Mientras la expresidenta saludaba a la militancia desde su casa en Constitución, referentes del peronismo, organismos de derechos humanos y líderes de otros países denunciaban una maniobra de proscripción sin precedentes desde el retorno de la democracia.

La reacción fue inmediata. Dirigentes, militantes y ciudadanos se congregaron en la sede del PJ y en el domicilio de CFK. Se registraron cortes en rutas y autopistas, y distintas facultades de la UBA fueron tomadas por estudiantes en estado de alerta. “En defensa de los derechos democráticos”, proclamaron desde Filosofía y Letras, mientras llamaban a una movilización hacia Plaza de Mayo.

También los gremios comenzaron a organizarse. Desde Suiza, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, reclamó “acciones directas para defender la democracia”. La CGT aún no definió un paro, pero el titular de la UOM, Abel Furlán, advirtió que no esperarán demasiado.

Desde el Gobierno bonaerense, Carlos Bianco habló de una "condena escrita de antemano" y calificó el 10 de junio como “un día muy oscuro para la democracia argentina”. Aseguró que la unidad del peronismo en apoyo a CFK trasciende cualquier diferencia interna: “Se la condena sin evidencia alguna de su participación”.

En paralelo, el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, viajó a la Corte Penal Internacional para denunciar la persecución judicial. “La lucha será global”, anticipó. El Partido Justicialista ya articula con líderes del progresismo regional una ofensiva diplomática en defensa de la exmandataria, con el antecedente de Lula Da Silva como espejo.

La condena también tuvo repercusión internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su “total solidaridad” y remarcó el carácter político del fallo. Desde el Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami denunció que se repite el mismo mecanismo de proscripción aplicado en América Latina: “El objetivo no es la justicia, es sacarla del juego político”.

Mientras tanto, el oficialismo celebró. Javier Milei, desde Israel, se limitó a escribir: “Justicia. Fin.”. Mauricio Macri habló de “un fallo histórico”, y Patricia Bullrich reiteró su eslogan: “El que las hace, las paga”.

Organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, CELS, APDH y el MEDH coincidieron en repudiar lo que definieron como un “proceso viciado” que pone en riesgo el pacto democrático. “La democracia está en peligro”, alertaron.

La defensa de CFK pidió que la ex presidenta cumpla su condena en su domicilio actual, sin tobillera electrónica y con su custodia habitual. El Tribunal Oral Federal 2 rechazó la detención inmediata solicitada por los fiscales y otorgó cinco días hábiles para que se presente voluntariamente.

En medio de un clima social en ebullición, CFK rompió el silencio con una frase que resonó en las calles: “Al cepo del salario le agregaron el cepo al voto popular”. Y apuntó sin rodeos contra la Corte: “Este triunvirato de monigotes responde a mandos muy por arriba de ellos: el poder económico concentrado”.

La reacción popular crece al ritmo de la indignación, mientras el sistema político argentino asiste a una fractura institucional que amenaza con dejar heridas profundas. La pregunta que sobrevuela ahora es cuánto más está dispuesto a tolerar un pueblo ante lo que muchos ya no dudan en llamar “proscripción”.