Por: 7ma Medios

El Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN) describe como objetivo de inteligencia a actores de organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas que muestren resistencia a las actividades extractivas. Ello se desprende de la copia de este documento obtenida por la Revista Crisis.

En el PIN, elaborado por la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), a través de diez lineamientos estratégicos se identifican potenciales amenazas para ser sujetos de monitoreo y vigilancia.

Ambientalistas e indígenas en el foco de las tareas de Inteligencia

Según el Lineamiento 5 de este texto, son considerados amenazas “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de Recursos Naturales Estratégicos”.

En otro acápite de ese mismo lineamiento, se considera necesario vigilar a los pueblos originarios como “actores que en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales deriven en la obstrucción de proyectos”.

Pero, el documento va más allá. También se menciona como objetos de persecución a científicos ligados a la conservación de la biodiversidad y protección de los océanos (Necesidad de Inteligencia 04.01.08.11). Asimismo, a las personas que propicien un cambio de matriz energética en detrimento de la comercialización de recursos hidrocarburíferos (NI 05.01.05.06).

En el PIN se establece necesario recopilar información de la política internacional asociada a la agenda climática. Particularmente de posturas restrictivas que busquen condicionar la explotación de recursos naturales (NI 05.01.05.01).

Repercusiones en el sector ambientalista

“Estamos en la mira de los Servicios de Inteligencia. Inaceptable, peligroso y antidemocrático”, publicó en sus redes sociales Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

En una reciente columna Viale, junto con la investigadora Maristella Svampa, reflexiona sobre las tareas descritas en el PIN. Refieren que “el objetivo así no es solo provocar confusión sino además producir miedo y desmovilización, generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestarnos”.

Tras difundirse la existencia del PIN, tres semanas atrás por el diario “La Nación”, el Gobierno negó tener como objetivo la persecución de opositores políticos. Sin embargo, la filtración de partes del documento en medios de comunicación alertó a los grupos apuntados como objetivos de inteligencia.

“Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas”, expreso el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado.

El jueves esta organización presentó una denuncia penal en contra de Sergio Neifert, titular de la SIDE, y de Diego Kravetz, Director general de Operaciones. Se los acusa de abuso de autoridad ya que habilitaron tareas de inteligencia sobre personas y grupos por razones políticas. De acuerdo al CELS, el PIN es contrario a la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520

FUENTE: NOTICIAS AMBIENTALES