Por: 7ma Medios

En plena madrugada, el Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto 493/2025, que autoriza a Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) a cortar el servicio a quienes no paguen sus facturas. La medida se da en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal que presta el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

El decreto reemplaza al 304/2006, firmado en su momento bajo un esquema de gestión estatal. Según el nuevo texto, ese modelo “no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”, y por eso se consideró necesario un rediseño normativo que habilite una mayor “eficiencia” y “sostenibilidad”.

Además de permitir el corte de agua a usuarios en mora, el Ejecutivo otorgó a AySA facultades para auditar obras y usar como garantía los fondos del contrato de concesión, con el fin de asegurar el repago de financiamiento futuro.

“La estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”, señala el decreto.

Desde Casa Rosada justificaron la decisión en un “contexto de profunda crisis económica” que, afirman, limita al Estado para sostener la prestación del servicio. De esta manera, se profundiza el camino hacia la privatización de AySA, cuyo avance había sido anticipado días atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

AySA fue estatizada en 2006 tras el fracaso del modelo privatizador de los años ’90. Bajo gestión pública, aumentó su cobertura del 76% al 85% en agua potable, y del 57% al 72% en cloacas entre 2006 y 2022. La empresa brinda servicio a una de las zonas más densamente pobladas del continente, y su eventual traspaso a manos privadas remite al esquema de la ex Aguas Argentinas, que operó durante los ’90 hasta su rescisión en 2006.

La intención del Gobierno libertario es que la compañía deje de parecerse a la ex Obras Sanitarias de la Nación -el modelo estatal creado en 1912- y vuelva a un esquema de administración privada o mixta, reeditando una política que ya tuvo consecuencias ampliamente cuestionadas en el pasado.