

Por: 7ma Medios
Lo que comenzó como una nueva manifestación pacífica de jubilados y organizaciones sociales frente al Congreso terminó en una tarde cargada de tensión, violencia y represión. Al menos cinco personas fueron detenidas tras los enfrentamientos con la Policía de la Ciudad, que desplegó un fuerte operativo desde temprano.
La protesta, habitual todas las semanas, tuvo un condimento especial: el inminente veto presidencial a la ley aprobada en el Congreso que establece un incremento en las jubilaciones. Los manifestantes buscaban visibilizar el reclamo por un haber mínimo digno y repudiar el ajuste impulsado por el Gobierno.
La principal exigencia es clara: llevar la jubilación mínima a $1.250.000, garantizar la entrega de medicamentos y restituir la movilidad jubilatoria. Actualmente, el haber mínimo es de $309.294,79, con un bono adicional de $70.000 que eleva el monto a $379.294,79. El proyecto que logró media sanción plantea subir el bono a $110.000 y ajustar los haberes un 7,2%, lo que elevaría el piso a $441.564.
Los manifestantes también denunciaron el vaciamiento del PAMI y la falta de acceso a prestaciones médicas básicas. “Nos están empujando a la miseria”, expresó una de las voceras de la convocatoria.
Pasadas las 16, una columna de unas 100 personas intentó cortar la Avenida de Mayo para marchar hacia Plaza de Mayo. Fue entonces cuando comenzó el operativo policial: vallas, patrulleros y un cerco que solo permitía el paso a legisladores, prensa y personal acreditado.
Testigos aseguran que la tensión escaló cuando los efectivos comenzaron a marcar con pintura a algunos manifestantes. Hubo golpes, empujones y agresiones mutuas. Una mujer resultó herida en un café cercano, donde también se registraron destrozos.
Los cinco detenidos, según informaron fuentes policiales, fueron reducidos por "agresiones y resistencia a la autoridad". La escena quedó registrada por los canales de televisión y generó un fuerte repudio en redes sociales.
El presidente Javier Milei ya había adelantado que vetaría cualquier suba que comprometa su objetivo de "déficit cero". Tras la aprobación en el Congreso, ratificó su postura:
“Nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit. Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista”.
En Casa Rosada aseguran que, de aprobarse el aumento, irán a la Justicia. Según estimaciones oficiales, el costo fiscal de la medida ronda el 0,7% del PBI en dos años.
Los carteles lo decían todo: “No al veto”, “El FMI no nos puede gobernar”, “La jubilación no es un gasto, es un derecho”. El malestar social crece, y los jubilados –uno de los sectores más golpeados por la inflación y el ajuste– insisten en que no dejarán las calles.
Las imágenes de la represión, las cifras oficiales y el contraste con los privilegios de otros sectores siguen generando bronca. Mientras tanto, la pregunta se mantiene en el aire: ¿hasta cuándo resistirán quienes trabajaron toda su vida para vivir con dignidad?