Por: 7ma Medios

El presidente Javier Milei vetó por completo tres leyes sancionadas por el Congreso que apuntaban a atender sectores especialmente vulnerables: el aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

La decisión fue oficializada mediante el decreto 534/2025 y generó una ola de repudios en distintos frentes. La explicación del Gobierno: evitar “un aumento del 6 por ciento del gasto primario”, algo que, aseguran, comprometería las metas fiscales.

Pero los efectos del veto no tardaron en sentirse en las calles. Frente al Congreso, familias, prestadores y personas con discapacidad se movilizaron bajo una consigna clara: exigir la restitución de una ley que, según advirtieron, significaba "una diferencia concreta en la calidad de vida".

“Cada día sin ley es una terapia menos”, sostuvo Santiago, psicólogo y director de un centro de día en Quilmes.

La ley vetada establecía un bono compensatorio de $100 mil para prestadores, la actualización de aranceles por inflación, y mejoras en el sistema de pensiones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su costo representaba solo entre el 0,03 y el 0,42 por ciento del PBI, dependiendo del ítem. Aun así, Milei rechazó la totalidad del texto.

“El Gobierno actúa como si negara la existencia de las personas con discapacidad”, denunció en la marcha una de las organizaciones convocantes.

En simultáneo, el rechazo oficial alcanzó también a la ley que proponía un aumento del 7,2 por ciento a todas las jubilaciones (más un bono actualizado de $110 mil), y a la prórroga de la moratoria previsional, vencida en marzo, que permitía regularizar aportes a quienes alcanzaban la edad jubilatoria. Ambas normas contaban con respaldo técnico de la Oficina de Presupuesto del Congreso y amplio apoyo parlamentario.

La moratoria, en particular, hubiera habilitado la jubilación de unas 220 mil personas que hoy solo pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% del haber mínimo.

¿Qué puede hacer ahora el Congreso?

La Constitución Nacional establece que el Congreso puede rechazar un veto presidencial si logra reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras. No es tarea fácil: se requiere una mayoría calificada y votaciones nominales. Aunque históricamente son escasos los casos en que se insistió con éxito, esta vez hay expectativas fundadas.

“Esperamos un gesto de los diputados”, afirmó Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad es particular. Obtuvo 143 votos afirmativos en Diputados, superando cómodamente los dos tercios, y fue aprobada por unanimidad en el Senado. Un respaldo transversal que incluyó legisladores del PRO y de la UCR. Ese antecedente alimenta la posibilidad de que el Congreso insista.

Una herramienta con historia

El veto es una atribución presidencial que permite frenar leyes ya sancionadas por el Congreso. Puede ser total o parcial, y funciona como un mecanismo de equilibrio entre poderes. “Es una herramienta pensada para forzar el consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo”, explicó Valeria Palanza, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton.

Pero ese equilibrio parece cada vez más frágil. Desde que asumió, Milei usó esta herramienta para bloquear leyes de contenido social y económico impulsadas por la oposición. En 2024 vetó la Ley de Financiamiento Universitario y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. En 2025, hizo lo mismo con la ley de asistencia a Bahía Blanca tras el temporal.

Ahora, suma tres vetos más. Y lo hace mientras crece la tensión social.

“El veto es la traducción, en un decreto, de la falta de escucha de todo el Gobierno hacia nuestros reclamos”, lamentó Santiago, el psicólogo de Quilmes.

¿Vetar el veto?

La insistencia parlamentaria aparece como la última instancia para evitar que los vetos se conviertan en política de Estado. Si ambas cámaras logran los dos tercios, el Ejecutivo no puede volver a vetar el proyecto. Pero el reloj corre y la presión crece. En la plaza, las familias afectadas lo tienen claro.

“Esta marcha es lo último que nos queda. Y si no alcanza, ¿qué más?”, se preguntó una madre.