Por: 7ma Medios

El Tribunal Oral Federal 7 escuchó en audiencia a más de 40 empresarios imputados en la causa Cuadernos, quienes buscaron evitar el juicio oral ofreciendo millonarios resarcimientos económicos. Algunos plantearon sumas en pesos y dólares; otros, bienes en el exterior, como un departamento en Miami y hasta una embarcación valuada en 1,5 millones de dólares.

Sin embargo, tanto la fiscal federal Fabiana León como el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, rechazaron de plano esas propuestas.

“No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado; en esta fiscalía no se vende impunidad”,
afirmó Fabiana León, fiscal federal.

En la misma línea, la UIF consideró que aceptar los ofrecimientos equivaldría a validar un sistema de corrupción con un simple pago.

“Aceptar estas propuestas significaría mercantilizar la corrupción y habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico”,
sostuvo Paul Starc, director de la UIF.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escucharon durante la audiencia virtual a cada defensa, que tuvo un máximo de diez minutos para exponer. Algunos empresarios detallaron montos concretos: Mario Rovella ofreció más de 730 millones de pesos, José Paolini 826 millones y Ernesto Clarens un departamento en Miami más un barco. Otros se limitaron a ratificar escritos previos sin precisar cifras.

El Ministerio Público y la UIF subrayaron que los delitos investigados —cohecho, dádivas y asociación ilícita entre 2003 y 2015— no generan un daño meramente patrimonial sino institucional y colectivo. Recordaron que el perjuicio afecta la confianza en la democracia y la credibilidad del Estado.

El debate se da en la antesala del inicio del juicio oral, previsto para noviembre, donde se espera que desfilen como acusados exfuncionarios y empresarios de peso, entre ellos el exministro Julio De Vido y el ex titular del OCCOVI, Claudio Uberti.

La decisión ahora está en manos del Tribunal, que deberá definir si avanza con el mecanismo de reparación integral o mantiene la fecha del juicio. Tanto la fiscalía como la UIF ya marcaron una posición clara: la corrupción no puede saldarse con un cheque.