La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Federico “Fred” Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico, requerida por la Justicia de Estados Unidos. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que el pedido norteamericano “se ajusta a las normas internacionales de cooperación judicial”.

Machado será juzgado en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal lo imputó junto a otras ocho personas por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales.

Con esta decisión, el expediente pasará ahora al Poder Ejecutivo, que deberá definir si autoriza o no la entrega del empresario. Según la ley, el Gobierno puede negarse solo por “razones de soberanía, seguridad u orden público”.

“La decisión final está en manos del Ejecutivo, pero la Corte ya despejó todos los cuestionamientos legales”, afirmó una fuente judicial cercana al caso.

Las maniobras y la defensa

Durante el proceso, la defensa de Machado —a cargo de los abogados Norberto Oneto y Roberto Rallin— planteó la inconstitucionalidad de la ley de extradición y denunció “violaciones al principio de igualdad de armas”. También acusó al juez federal interviniente de parcialidad por haber rechazado pruebas de descargo.

Los abogados argumentaron que no se cumplía el principio de “doble incriminación” y reclamaron información sobre la situación de otros imputados en la misma causa en Estados Unidos, entre ellos Kayleigh Moffet, ya condenada por lavado de dinero y fraude. Sin embargo, todos los recursos fueron rechazados.

El empresario y su vínculo con Espert

El nombre de Fred Machado saltó al centro del debate político tras admitir que había financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. Desde su prisión domiciliaria en Viedma, el empresario reconoció haberle transferido al economista al menos 200.000 dólares bajo el pretexto de una asesoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala.

“Era más de 200.000, pero en cuotas. No me acuerdo el monto final. Él me pidió ayuda porque estaban en bolas”, declaró Machado en una entrevista radial.

El empresario también relató que financió vuelos privados durante la campaña y sostuvo que Espert “negó un vínculo que era imposible ocultar”.

“El error de Espert fue no haber reconocido que me conocía. Es imposible negar a un tipo con el que volaste”, afirmó Machado.

El trasfondo judicial y económico

Machado, nacido en Viedma y radicado durante años en Estados Unidos, construyó su fortuna en el negocio aeronáutico a través de la firma South Aviation, con sede en Florida. La justicia norteamericana lo acusa de haber utilizado esa empresa para triangular operaciones financieras y mover cargamentos de droga a través de vuelos privados en Centroamérica.

El empresario, sin embargo, sostiene su inocencia. Asegura que su patrimonio proviene de “años de trabajo en la aviación” y que fue víctima de un montaje judicial.

“Hay que ser muy tonto para poner un avión de droga a tu nombre”, ironizó.

Actualmente cumple prisión domiciliaria en Viedma mientras espera que el Ejecutivo argentino decida su destino.

Un caso que mezcla política, negocios y tribunales

El expediente Machado no solo pone bajo la lupa las redes del narcotráfico internacional, sino también los vínculos entre el poder económico y la política local. El propio Espert reconoció haber recibido fondos del empresario, aunque insistió en que se trató de “una operación privada, no política”.

Más allá de esa aclaración, el caso deja al descubierto un entramado que combina campañas electorales, financiamiento opaco y causas judiciales internacionales. Mientras tanto, el reloj corre: la Corte ya habló, y ahora será el Gobierno quien decida si Fred Machado finalmente despega rumbo a los tribunales de Texas.