Por: 7ma Medios

El Gobierno avanza con un nuevo esquema de subsidios en luz y gas que reemplaza por completo la segmentación vigente y reconfigura el mapa tarifario. La propuesta divide a la población en dos grupos -subsidiados y no subsidiados- y elimina figuras históricas como la Tarifa Social y el Programa Hogar.

Según voceros oficiales, la medida responde a las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional para reducir el gasto público y desregular el mercado energético. Desde el organismo internacional recordaron meses atrás que el costo de los subsidios debía bajar a “un máximo de 0,5% del PBI”.

“El sistema anterior mostraba irregularidades y beneficiarios que no cumplían los requisitos”, afirmó la Secretaría de Energía.

Dos categorías y un límite estricto

El nuevo esquema establece que solo accederán al beneficio los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas mensuales. Ese grupo podrá recibir una compensación de hasta el 50% de la factura, aunque con una condición clave: no superar determinados niveles de consumo.

En electricidad, el subsidio se mantendrá únicamente para quienes consuman hasta 150 kW en otoño y primavera, y hasta 300 kW en verano e invierno. Un paso por encima de esos techos implica perder automáticamente la ayuda.

“Los parámetros están muy cerca del consumo real de una familia promedio”, advirtieron especialistas del sector que participaron de consultas previas.

En gas, la compensación regirá solo entre abril y septiembre, considerados meses de mayor demanda. Para quienes no cuenten con gas natural, la asistencia pasará a canalizarse por Mercado Pago para la compra de garrafas, equivalente a menos de media unidad mensual.

Una transición diseñada para desaparecer

El Gobierno confirmó que los subsidios comenzarán a reducirse de manera progresiva hasta desaparecer en diciembre de 2026. La decisión forma parte del ajuste comprometido con el FMI y del objetivo de achicar el gasto fiscal en energía, uno de los rubros históricamente más pesados del presupuesto.

Mientras tanto, todas estas modificaciones serán tratadas en audiencias públicas en las próximas semanas. Allí se prevé que universidades, organizaciones de usuarios y entes reguladores expongan sus cuestionamientos ante un esquema que, según advierten, podría dejar a miles de hogares al borde de la tarifa plena de un mes para el otro.