Por: 7ma Medios

El gobierno de Javier Milei estableció por decreto la nueva escala del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para los próximos meses, luego del fracaso en la negociación del Consejo del Salario. La resolución -publicada en el Boletín Oficial- fija incrementos mensuales desde diciembre de 2025 hasta agosto de 2026.

La nueva base arranca en $334.800 para trabajadores mensualizados, con una suba progresiva hasta $383.700 en agosto de 2026. La escala completa incluye aumentos todos los meses: de $341.000 en enero, $346.800 en febrero, $352.700 en marzo, $358.700 en abril, $364.800 en mayo, $371.000 en junio y $377.300 en julio. Para trabajadores jornalizados, el valor por hora se inicia en $1.674.

Este ajuste impactará también en prestaciones como la asistencia por desempleo y el programa Potenciar Trabajo, que se actualizan según el salario mínimo. El Ejecutivo justificó la decisión señalando que busca “proteger el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad fiscal”.

Sin embargo, la reacción sindical fue inmediata. Desde la CGT volvieron a cuestionar el nivel del ingreso mínimo.

“Es un salario para indigentes”, denunció un vocero de la CGT, al marcar que el monto queda por debajo de la línea de indigencia y muy lejos del piso salarial que habían reclamado, de $512.000 para noviembre. La central también advirtió que el incremento mensual de alrededor de $5.400 queda “totalmente desfasado” frente al costo de vida.

La CTA compartió el diagnóstico y subió el tono de la crítica.

“Milei impone por decreto un valor que beneficia solo a los empresarios, sellando un ajuste libertario que ignora la realidad de los trabajadores”, sostuvo un comunicado de la central, en referencia a la propuesta patronal que había ofrecido una suba inicial de apenas $4.800.

En redes sociales, gremios y usuarios multiplicaron cuestionamientos bajo etiquetas como #SalarioDeMiseria, comparando el aumento mensual con el costo de “tres empanadas”.

El gobierno defendió la medida como una atribución necesaria ante la falta de acuerdo entre sindicalistas y cámaras empresarias. Es la segunda vez en 2025 que recurre al decreto para fijar el salario mínimo.

Analistas económicos advierten que, con una inflación anual proyectada entre el 30% y el 40%, la nueva escala podría deteriorarse rápidamente si no se acompaña de otras herramientas de contención. En el plano sindical, se esperan asambleas y eventuales anuncios de medidas de fuerza en rechazo al esquema fijado por el Ejecutivo.