Por: 7ma Medios

El Gobierno dio un nuevo paso en su agenda legislativa con la firma del proyecto de reforma laboral, una iniciativa que Javier Milei rubricó apenas regresó de Oslo y que ya quedó en manos del Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. El texto propone una reconfiguración amplia del régimen laboral argentino, desde el sistema de indemnizaciones hasta la negociación colectiva y las reglas para nuevas formas de empleo.

En Aeroparque, el Presidente estampó su firma en un documento de 197 artículos acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según el mensaje que envió al Parlamento, la propuesta “pretende actualizar el marco laboral vigente, remover distorsiones que afectan la creación de empleo formal y fortalecer la seguridad jurídica”. En un tramo del escrito, Milei enfatizó:

“Tienen en sus manos la oportunidad de terminar con 100 años de decadencia”, afirmó el mandatario.

El propio Presidente difundió un video celebrando el envío del proyecto. Allí expresó:

“Por el crecimiento con prosperidad, por más trabajo y para que Argentina sea grande nuevamente”, sostuvo Milei tras firmar la iniciativa.

Adorni también defendió públicamente el paquete de reformas y lo calificó como “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”.

Un proyecto extenso y con cambios sensibles

El texto final reúne 71 páginas distribuidas en 26 títulos. Entre los ejes principales se destacan la simplificación de la registración laboral, la digitalización de trámites, la posibilidad de pactar salarios en moneda nacional o extranjera y la creación de fondos de asistencia para el pago de indemnizaciones. También incluye un régimen de incentivos para nuevas contrataciones formales y modificaciones impositivas orientadas a estimular inversiones.

Uno de los puntos que concentró mayor debate es el capítulo dedicado al régimen patrimonial sindical. Allí se mantuvo la exclusión de la cuota solidaria, como reclamó la CGT, pero se incorporó una cláusula que exige el consentimiento expreso del trabajador y la autorización de la Secretaría de Trabajo para cualquier descuento sindical. El artículo 137 establece que los empleadores solo podrán retener cuotas de afiliación si existe acuerdo entre las partes y resolución administrativa que lo habilite.

La estrategia legislativa del oficialismo

El Ejecutivo quiere que el Senado sea la cámara de origen del proyecto y anticipó quiénes liderarán las negociaciones. Patricia Bullrich conducirá la Comisión de Trabajo y Seguridad Social durante las extraordinarias. En la Casa Rosada sostienen que, una vez aprobado el texto, la senadora dejará ese rol para el inicio del período ordinario. La intención oficial es sesionar lo antes posible y avanzar con una media sanción en diciembre.

Mientras tanto, Diputados tendrá un cronograma más cargado: primero deberán tratar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal antes de ocuparse de la reforma laboral. En el oficialismo admiten que esos tiempos pueden correr el debate hacia enero.

La respuesta sindical: resistencia y debate interno

El envío de la reforma aceleró los movimientos de la CGT, que convocó a su nuevo Consejo Directivo para definir una estrategia común. En la sede de Azopardo, los cotitulares Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo presentarán un informe sobre las negociaciones mantenidas con el Gobierno. Aunque hubo concesiones en algunos puntos, el rechazo sindical se mantiene firme.

Cristian Jerónimo sintetizó la posición cegetista en declaraciones recientes:

“La reforma sólo plantea una quita de derechos”, advirtió el dirigente.

Dentro de la central conviven tres posturas: quienes promueven una movilización frente al Congreso el día del debate; un sector más dialoguista que prefiere reforzar el lobby político sobre gobernadores y senadores; y una posición intermedia que propone combinar presión parlamentaria, asambleas informativas y eventuales protestas callejeras.

A este cuadro se suma la preocupación por el calendario legislativo y la posibilidad de que el Ejecutivo impulse un trámite acelerado cuando el proyecto finalmente sea publicado de manera oficial. Gremios del transporte, agrupados en la CATT, también fijaron su rechazo en su último congreso federal. Allí, Juan Carlos Schmid sostuvo que esta “brutalidad” –en referencia a la reforma– es consecuencia del contexto político tras las últimas elecciones, y remarcó la necesidad de “unidad para confrontar”.

Un Congreso dividido y un clima de presión creciente

El bloque de senadores peronistas se reunió con la CGT para revisar la estrategia conjunta y evaluar cómo condicionar el avance de la iniciativa. En esas conversaciones también se mencionó la demora en la publicación oficial del proyecto, un punto que podría alterar los tiempos de tratamiento durante las extraordinarias.

Con posiciones fragmentadas y negociaciones en marcha, el tablero parlamentario aún no muestra definiciones claras. El oficialismo apuesta a un avance rápido; la central sindical prepara respuestas; y la oposición revisa costos políticos de cada movimiento.