Por: 7ma Medios

El Poder Ejecutivo ingresó al Senado un proyecto de reforma laboral que propone modificar de raíz el régimen vigente desde 1976. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, apunta a una transformación profunda: flexibiliza las contrataciones, reduce indemnizaciones, amplía facultades empresariales para organizar la jornada y limita la acción sindical. El oficialismo aspira a aprobarla en sesiones extraordinarias antes de fin de año.

Entre los impulsores de la reforma figura Federico Sturzenegger, señalado por el propio Gobierno como uno de los arquitectos de la nueva estructura normativa. El proyecto excluye de su alcance a empleados públicos en todos los niveles, trabajadores de casas particulares, del sector agrario y a quienes se desempeñan como “independientes”, categoría ya incorporada por el DNU 70. Esa exclusión deja a millones de personas fuera de un sistema de protección laboral y las equipara a prestadores de servicios sin derechos asociados a la relación de dependencia.

El texto deroga estatutos especiales -como los del periodista, peinador o viajante de comercio- y avanza sobre capítulos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. El Gobierno presenta la reforma como una modernización; sin embargo, especialistas advierten un retroceso estructural. “Son tres reformas: una que transfiere recursos del trabajo al capital; otra que debilita la acción colectiva; y otra que fortalece la disciplina laboral”, afirmó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral

Una de las modificaciones más sensibles es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por un aporte del 3 por ciento de la masa salarial. Se trata de un mecanismo que reemplaza el fondo de cese y reduce las contribuciones patronales en el mismo porcentaje. La reforma también redefine la base de cálculo de las indemnizaciones: excluye aguinaldo, vacaciones y premios, y habilita a las pequeñas y medianas empresas a pagarlas en cuotas.

Para la abogada laboralista Natalia Salvo, las consecuencias son contundentes: “A los empresarios les va a salir gratis despedir mientras se desfinancia la seguridad social”, expresó Salvo, en referencia al desvío de recursos previsionales hacia el nuevo fondo.

Jornada y organización del tiempo de trabajo

La propuesta extiende la jornada laboral hasta 12 horas mediante la implementación de bancos de horas. De este modo, el trabajo extraordinario puede compensarse con francos y no necesariamente con pago adicional. La medida rompe con el límite histórico de ocho horas, vigente desde hace casi un siglo. En la misma línea, el período de prueba se fija en seis meses para todos los contratos por tiempo indeterminado.

Vacaciones y asignación del descanso

La asignación de las vacaciones también se flexibiliza. El empleador podrá otorgarlas entre octubre y abril, pero la autoridad laboral podrá habilitar excepciones para concederlas en cualquier época del año. Además, se habilita el fraccionamiento en tramos no menores a siete días y se establece que el trabajador accederá al descanso en verano solo una vez cada tres años.

Salarios en especie y pagos alternativos

El proyecto incorpora el concepto de “salario dinámico”, que permite remuneraciones basadas en productividad y acuerdos por empresa. También habilita el pago en moneda extranjera o en especie -alimentos o vivienda-, esquema que recuerda a los sistemas de tickets derogados en los años noventa. La reforma incluye guiños a las plataformas digitales y autoriza modalidades ajustadas a ese sector.

Presunción de laboralidad y monotributistas

Uno de los cambios más significativos es la inversión de la presunción de laboralidad. El vínculo ya no se presumirá como relación de dependencia: quien facture será considerado prestador independiente salvo prueba en contrario. Esto complica los reclamos por fraude laboral y consolida la figura del “colaborador independiente” para trabajadores de plataformas.

Derechos colectivos y acción sindical

La iniciativa restringe el derecho de huelga al ampliar la lista de actividades esenciales -que deben garantizar un 75 por ciento del servicio- y sumar la categoría de “importancia trascendental”, donde podrían incluirse sectores tan diversos como gastronomía o medios de comunicación. También se elimina la ultractividad de los convenios, se limita la afiliación sindical y se desincentiva la negociación colectiva por actividad.

Para los gremios consultados, la reforma constituye uno de los mayores retrocesos desde la recuperación democrática. “La huelga puede tener restricciones en una terapia intensiva, pero no en prácticamente toda la economía”, sostuvo Campos, en relación con el alcance de la nueva definición de servicios esenciales.

Un giro regresivo

Juristas y especialistas coinciden en que la iniciativa reorganiza el sistema laboral en clave regresiva. Para la abogada Natalia Salvo, la propuesta “es una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas”, argumentó Salvo, al subrayar que reinstala la posibilidad de extensas jornadas y elimina componentes remunerativos que afectan aguinaldo, vacaciones y estabilidad.

Mientras en países europeos avanza el reconocimiento de los trabajadores de plataformas como empleados formales, la reforma los deja en una zona sin resguardo jurídico. Con una informalidad que supera el 40 por ciento, el proyecto instala un régimen que, según los especialistas, consolida la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores.