Por: 7ma Medios

El proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional incorpora una decisión que encendió alarmas en todo el sistema de medios: la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, establecido por la Ley 12.908 y vigente desde 1944. La iniciativa aparece incluida en el capítulo de “Derogaciones” y propone, de manera directa, eliminar el marco legal que regula la actividad periodística en la Argentina desde hace más de ocho décadas.

Bajo el argumento de una supuesta “modernización” de las relaciones laborales, el articulado elimina garantías específicas que distinguen al periodismo del régimen laboral general. Entre ellas, la estabilidad profesional, las categorías de trabajo, el régimen de ingresos, las vacaciones, el sistema previsional diferenciado y la cláusula de conciencia, considerada una herramienta central para preservar la independencia informativa.

Desde el sector advierten que la medida no puede leerse de forma aislada. Llega en un contexto marcado por discursos estigmatizantes hacia la prensa, ataques públicos a periodistas, conflictos laborales crecientes y un proceso de vaciamiento de los medios públicos. Para organizaciones gremiales y especialistas, el recorte de derechos laborales funciona como un mecanismo indirecto de presión sobre el ejercicio profesional.

“Quieren borrar un siglo de derechos y eliminar la principal línea de defensa de nuestro trabajo”, señalaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) en un comunicado conjunto.

El Estatuto del Periodista establece condiciones particulares que buscan proteger a quienes ejercen la tarea de informar frente a presiones políticas y económicas. Define límites a la jornada laboral, compensaciones por tareas nocturnas, acceso a fuentes públicas y un régimen de despido con indemnizaciones agravadas, precisamente para resguardar la libertad de expresión.

“La estabilidad del periodista es la base esencial de esta ley”, remarcaron desde FATPREN, al advertir que la precarización laboral impacta de manera directa en la calidad informativa y en la pluralidad de voces.

El rechazo a la derogación también se expresó a nivel internacional, con pronunciamientos de organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). A nivel local, periodistas de distintas trayectorias coincidieron en señalar que la iniciativa excede una discusión técnica sobre empleo.

“Esto no tiene nada que ver con modernizar las relaciones laborales, es otro ataque directo al periodismo”, sostuvo el periodista Mariano Obarrio.

En la misma línea, la periodista especializada en política Silvia Mercado afirmó que “el periodismo estará unido para defender nuestros derechos y la libertad de expresión”, al tiempo que subrayó la necesidad de una respuesta colectiva frente al avance del proyecto.

Además de la eliminación del estatuto, la reforma incluye otros cambios cuestionados por los gremios, como la modificación de normas que afectan el financiamiento de medios públicos, comunitarios y culturales, y la creación de fondos para indemnizaciones que, según denuncian, trasladan recursos del sistema previsional al sector empresario.

“La Ley 12.908 es una protección especial para poder informar sin condicionamientos”, explicó la periodista y doctora en Comunicación Cynthia Luján, quien advirtió que su derogación impacta de lleno en la vida democrática.

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, sindicatos y organizaciones de prensa mantienen el estado de alerta y convocan a distintas instancias de movilización y debate público.