Por: 7ma Medios

El oficialismo avanza en el Congreso con un proyecto de Presupuesto 2026 que redefine el alcance del Estado y reabre debates ya saldados por el Parlamento. Con el aval de bloques aliados, la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se encamina a su tratamiento en el recinto, con una agenda cargada de tensiones políticas y sociales.

El texto incorpora modificaciones de fondo. Entre las más relevantes, propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas por el Congreso, vetadas por el Poder Ejecutivo e insistidas posteriormente por las dos cámaras. La decisión generó un fuerte rechazo opositor y reactivó cuestionamientos sobre el alcance del ajuste fiscal impulsado por la administración nacional.

Durante el debate en comisión, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que los cambios fueron introducidos sin aviso y girados únicamente a los bloques aliados.

“Se modificó el dictamen a último momento y se excluyó deliberadamente a la oposición”, afirmó el diputado.

El proyecto también elimina el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo. De avanzar esta redacción, ambos beneficios dejarían de ajustarse mensualmente por inflación, lo que implicaría una pérdida directa del poder adquisitivo para los sectores que los perciben.

Otro punto sensible es la restricción al régimen de zonas frías. Si bien se mantienen los beneficios para regiones históricas como la Patagonia y la Puna, el texto delega en el Poder Ejecutivo la definición de su alcance y aplicación, sin establecer porcentajes de descuento ni reconocer explícitamente a las zonas incorporadas en 2021.

En materia educativa y científica, el artículo 30 del dictamen encendió alarmas en distintos sectores. La Confederación General del Trabajo rechazó de inmediato ese apartado y exigió su eliminación.

“Implica una reducción drástica de la inversión educativa y el vaciamiento de la ciencia y la tecnología”, advirtió la central obrera en un comunicado.

El mismo artículo elimina metas de financiamiento mínimo para educación, ciencia y tecnología, y deja sin respaldo normativo a fondos específicos como los destinados a escuelas técnicas. La oposición presentó dictámenes alternativos para garantizar la vigencia de estas leyes y sostener los niveles de inversión establecidos por el Congreso.

Desde Provincias Unidas, el diputado Nicolás Massot cuestionó la exclusión de las normas vetadas del proyecto oficial.

“Entre las tres leyes representan apenas el 0,16 por ciento del producto”, señaló, y agregó que ese monto es inferior al impacto fiscal de las principales reducciones tributarias incluidas en la reforma laboral.

El Presupuesto 2026 tampoco prevé partidas para recomponer los ingresos jubilatorios ni mecanismos para reactivar la obra pública. Su estructura está orientada a sostener el equilibrio fiscal, con proyecciones macroeconómicas que incluyen crecimiento económico, inflación en descenso y un tipo de cambio proyectado por debajo de los valores vigentes.

El paquete se completa con dos iniciativas complementarias. Por un lado, la denominada ley de “disciplina fiscal”, que busca blindar el déficit cero y establecer sanciones para quienes impulsen normas que alteren ese equilibrio. Por otro, un nuevo blanqueo de capitales, rebautizado “inocencia fiscal”, destinado a captar dólares no declarados sin penalidades futuras.