Por: 7ma Medios

La discusión por el presupuesto legislativo volvió a tensar la relación entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof dispuso observaciones parciales sobre la ley que fija los recursos de la Cámara baja, una decisión que activó una fuerte controversia jurídica y política dentro del oficialismo y la oposición.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2947/2025, que promulgó la Ley 15.560 pero dejó sin efecto cuatro artículos centrales vinculados al sistema de transferencias de fondos. El decreto lleva las firmas del gobernador, del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y del ministro de Economía, Pablo López.

Los artículos observados -14, 15, 16 y 17- introducían cambios en la Ley 10.426 de Procedimientos Contables de la Cámara de Diputados. En términos concretos, establecían un esquema de transferencias automáticas, diarias y proporcionales a los ingresos provinciales, además de habilitar la intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales incumplimientos. Hasta ahora, esos envíos se realizan mediante partidas definidas por el Ministerio de Economía.

Desde el Ejecutivo sostienen que la Legislatura avanzó sobre competencias propias del área económica. En los considerandos del decreto se advierte que las modificaciones no se limitaban a una cuestión presupuestaria, sino que impactaban sobre el subsistema de Tesorería y el funcionamiento de la cuenta única del Tesoro provincial.

“Las modificaciones aprobadas exceden la materia presupuestaria y afectan competencias exclusivas del Ministerio de Economía”, señalaron desde el Ejecutivo en la fundamentación del decreto.

El Gobierno también alertó que la automatización diaria de transferencias podría generar un trato diferencial para la Cámara de Diputados frente a otros poderes del Estado, incluido el Senado, cuyo presupuesto fue aprobado sin objeciones.

Sin embargo, el eje del conflicto está en la Constitución provincial. El artículo 94 es explícito al indicar que el presupuesto del Poder Legislativo no puede ser vetado por el Ejecutivo, una cláusula pensada para resguardar la autonomía financiera del Parlamento. La interpretación oficial sostiene que, al tratarse de observaciones parciales y no de un veto total, la medida es constitucionalmente válida.

“No se toca el presupuesto, se corrige una decisión unilateral sobre la forma de recibir los fondos”, afirmaron fuentes del Ejecutivo al justificar la medida.

En ese marco, el decreto también contextualiza la decisión en un escenario de restricción económica, caída de ingresos y dificultades financieras, y plantea la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y la administración centralizada de los recursos públicos. Desde el Gobierno se señaló, además, que priorizar recursos no salariales en el actual contexto constituye una extralimitación del Poder Legislativo.

El conflicto abre ahora dos caminos posibles para la Cámara de Diputados. El primero es insistir con la redacción original de la ley, para lo cual se requieren dos tercios de los votos. El segundo, más largo y complejo, es recurrir a la Justicia, lo que podría derivar en un litigio institucional entre los tres poderes del Estado provincial.

En términos presupuestarios, la Cámara de Diputados cuenta con un presupuesto de 222.800 millones de pesos, mientras que el Senado dispone de 156.204.115.970 pesos.