Por: 7ma Medios
Tras más de doce horas de debate y negociaciones contrarreloj, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora será tratada en la Cámara de Diputados, luego de que el oficialismo aceptara introducir 28 modificaciones para asegurar los votos necesarios.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó antes de la sesión que el texto final no era el mismo que había ingresado al Congreso. Las conversaciones con bloques aliados y gobernadores resultaron determinantes, en especial por el impacto fiscal y laboral de varios artículos.
“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, afirmó Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista.
Uno de los cambios más relevantes fue el retiro del artículo vinculado al Impuesto a las Ganancias. La decisión respondió al reclamo de las provincias, que advirtieron que cualquier recorte sobre un tributo coparticipable afectaría de lleno sus finanzas. Con esa concesión, los gobernadores se consolidaron como actores clave del acuerdo político.
El proyecto aprobado en general propone una profunda modificación del esquema laboral vigente. Entre los puntos centrales, se destaca la redefinición del cálculo indemnizatorio: solo se tomará en cuenta la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como aguinaldo y vacaciones. Además, se establece que la indemnización será la única reparación posible ante un despido sin causa.
Otro eje sensible es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un sistema financiado por aportes mensuales de los empleadores —1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs— que busca cubrir costos de desvinculación y otorgar previsibilidad ante despidos. Para el oficialismo, se trata de una herramienta que apunta a reducir la litigiosidad; para la oposición, implica trasladar riesgos al sistema previsional.
También se habilita un régimen de registración laboral simplificada y digital, con el registro ante ARCA como requisito suficiente, y se permite la digitalización de los libros laborales con validez legal. A esto se suma la delimitación de beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería o capacitación.
La reforma introduce, además, cambios en las condiciones de trabajo: banco de horas voluntario, vacaciones más flexibles —con posibilidad de fraccionamiento— y un nuevo esquema de licencias por enfermedad, que refuerza el control médico del empleador y, en algunos casos, reduce el porcentaje del salario percibido.
En materia de incentivos, el texto crea regímenes para la formación laboral, la modernización, la inversión y la formalización del empleo, junto con una reducción de cargas sociales para nuevos puestos de trabajo.
Durante el cierre del debate, Bullrich defendió el proyecto y buscó marcar límites a las expectativas.
“No estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas”, sostuvo la senadora porteña.
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó la iniciativa y anticipó un escenario adverso.
“Este proyecto va a fracasar”, advirtió el senador formoseño, al sostener que el modelo económico del Gobierno profundiza la pérdida de empleo y recursos provinciales.
Otros bloques aliados acompañaron la ley en general, pero dejaron en claro sus reparos en artículos específicos, en particular los vinculados a los aportes compulsivos a gremios y cámaras empresarias, que finalmente mantuvieron su carácter obligatorio aunque con topes.
La votación en general terminó con 42 votos afirmativos y 30 negativos. Para el oficialismo, fue la primera victoria legislativa del año; para la oposición, apenas el inicio de una disputa que promete continuar en Diputados, dentro y fuera del Congreso.