Por: 7ma Medios

Hay operaciones que no se anuncian en conferencias de prensa ni se explican en los anexos de un proyecto de ley. Se ejecutan en silencio, se prueban en el lenguaje y se consolidan en la cabeza de quienes, paradójicamente, resultan más perjudicados. La reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza pertenece a esa categoría: no es solo un paquete de cambios normativos, sino una intervención profunda sobre el modo en que se piensa el trabajo, el derecho y la desigualdad.

La pregunta que ordena esta avanzada no es económica ni jurídica. Es otra, mucho más incómoda: cómo lograr que un trabajador acepte —y hasta defienda— una reforma que debilita su posición. Porque los datos están sobre la mesa. Reducir el costo del despido, fragmentar la negociación colectiva y trasladar riesgos del empleador al empleado no amplía derechos: los achica. El problema, entonces, no es la reforma en sí, sino cómo hacerla digerible.

Ahí entra en juego una lógica conocida en la política contemporánea: la batalla por el sentido. No se trata de explicar mejor el ajuste, sino de cambiar el significado del ajuste. Y para eso no alcanza con consignas. Hace falta un método.

Ese método fue sistematizado hace décadas por Frank Luntz, arquitecto del lenguaje político del conservadurismo norteamericano. Su premisa es brutalmente simple: los hechos importan menos que el marco mental con el que se los percibe. Si el marco cambia, la realidad también. No se discute la pérdida; se redefine. No se niega el perjuicio; se lo resignifica.

La primera pieza de esta ingeniería discursiva es la sustitución de una palabra clave: derecho. En el nuevo relato, el derecho deja de ser una conquista colectiva y pasa a ser un privilegio. El trabajador registrado ya no es alguien protegido por la ley, sino alguien que le cierra oportunidades a otro. El conflicto se corre. Ya no es entre capital y trabajo, sino entre trabajadores. El enemigo deja de ser difuso y se vuelve cercano.

A partir de ahí, todo encaja. Quitar derechos no es recortar: es igualar. Igualar hacia abajo, pero bajo la promesa de una justicia futura. El que pierde siente culpa; el que nunca tuvo, resentimiento. Y ambos son convocados a celebrar la supuesta demolición de una injusticia que, en realidad, los atraviesa a los dos.

El segundo movimiento es aún más sofisticado: nunca decir lo que se saca, solo lo que se “da”. Facilitar despidos se convierte en libertad de contratación. Eliminar indemnizaciones pasa a ser destrabar el acceso al empleo. El trabajador no queda más expuesto: queda más libre. La precariedad se presenta como liviandad. Y la inseguridad, como autonomía.

Pero ningún relato se sostiene sin antagonistas claros. En ese esquema, el empresario desaparece del foco y el sindicalista ocupa su lugar. Visible, reconocible, muchas veces impopular. El recorte ya no se vive como una pérdida personal, sino como un castigo a un otro que “vive de tus derechos”. Así, la erosión de las protecciones laborales no se percibe como una concesión al poder económico, sino como una revancha moral.

El mérito completa el cuadro. El trabajo protegido se asocia al acomodo; el trabajo desregulado, al coraje. La estabilidad se vuelve sospechosa; la intemperie, virtuosa. No importa si la realidad material empeora: lo que cuenta es la superioridad simbólica de quien “no depende de nadie”.

En este punto, la operación alcanza su forma más eficaz: lograr que una derrota económica sea experimentada como una victoria ética. No se trata de convencer con argumentos técnicos, sino de construir pertenencia. Aceptar la reforma no es entenderla, es alinearse. Rechazarla no es discutirla, es quedar afuera.

Javier Milei cumple un rol central en esta dinámica. No delega el encuadre. Repite, machaca, insiste. Nunca habla de reforma laboral: habla de libertad, de juventud, de futuro. Asocia derecho con estancamiento y desregulación con dignidad. El mensaje baja, se replica, se viraliza. Se convierte en sentido común.

El objetivo final no es aprobar una ley. Es algo más ambicioso y más duradero: volver impensable la defensa del derecho laboral. Que pedir protección suene retrógrado. Que reclamar estabilidad sea leído como egoísmo. Cuando eso ocurre, la reforma ya no necesita pasar por el Congreso. Ya fue sancionada en las cabezas.

Ahí está el verdadero riesgo. No una norma puntual, sino la erosión del contrato social que durante décadas entendió al trabajo como un derecho y no como una mercancía. Cuando la mentira se viste de verdad y se internaliza como identidad, el ajuste deja de doler. Incluso se aplaude.

Y en ese aplauso, el perjuicio ya está consumado.