Por: 7ma Medios

El sistema universitario público argentino atraviesa una nueva escalada de conflicto. Las federaciones docentes iniciaron un paro nacional que impacta en universidades de todo el país y que podría profundizarse en los próximos días si no aparecen respuestas del Gobierno nacional.

La medida de fuerza fue convocada por CONADU y CONADU Histórica y se desarrollará en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30. Durante esas jornadas se prevé la suspensión de clases y actividades académicas en distintas casas de estudio.

El foco de mayor tensión se concentra en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde docentes analizan avanzar con un paro por tiempo indeterminado. El reclamo central es la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, que contempla una recomposición salarial acumulada del 55,4% y la actualización del presupuesto destinado al sistema educativo superior.

Desde el sector docente aseguran que el deterioro salarial se profundizó en los últimos meses. Un informe elaborado por profesores de la UBA advierte que el ingreso real del sector atraviesa uno de sus momentos más críticos.

“El sueldo real se encuentra en su mínimo histórico: está un 35,6% por debajo de los niveles de noviembre de 2023”, señala el documento elaborado por docentes universitarios.

El informe también sostiene que el poder adquisitivo actual es incluso inferior al registrado durante la crisis salarial universitaria de 2004.

La situación impacta directamente en el funcionamiento de las universidades, según advierten los gremios. La pérdida de ingresos, combinada con el aumento de costos básicos como transporte, alquileres y alimentos, se convirtió en uno de los principales detonantes del conflicto.

“Desde noviembre de 2023 perdimos el equivalente a 11,5 salarios. Es como si, de cada tres meses trabajados, solo nos hubieran pagado dos”, afirmó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA.

De acuerdo con los sindicatos, entre octubre y febrero la inflación acumuló un 14,2%, mientras que los salarios docentes no registraron aumentos en enero ni febrero.

El paro no se limita al área metropolitana. Universidades públicas de distintas regiones confirmaron su adhesión, entre ellas Córdoba, Rosario, La Plata, Tucumán, Salta, el Nordeste, Entre Ríos y el Chaco Austral, en algunos casos con medidas de 24 horas. También se sumará la Universidad Tecnológica Nacional, que reúne más de 30 facultades regionales, además de instituciones como la Universidad Nacional de José C. Paz.

En paralelo al conflicto gremial, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente. La iniciativa busca modificar la normativa aprobada en 2025 y plantea un esquema de aumentos salariales escalonados del 4,1% en tres tramos.

El texto también elimina la recomposición correspondiente al período 2023-2024 prevista en la ley vigente y suprime la cláusula que garantizaba la actualización automática de los salarios según la inflación medida por el INDEC.

La disputa por el financiamiento universitario arrastra antecedentes recientes. En 2024 el Congreso sancionó una ley que fue vetada por el presidente Javier Milei. Un año después, el Parlamento volvió a aprobarla y logró reunir los votos necesarios para revertir el veto y convertirla en ley.

A pesar de ello, las universidades denuncian que la norma aún no se aplica plenamente. En diciembre pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional —que reúne a más de 60 universidades públicas— presentó un amparo judicial para exigir su cumplimiento.

El conflicto también llegó a los tribunales. El juez federal Enrique Cormick dictó una cautelar que suspendió un decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley pero postergaba su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.

En su resolución, el magistrado consideró que la decisión del Gobierno configuraba una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, ya que en la práctica impedía la entrada en vigencia de una norma sancionada por el Congreso.

Mientras el debate político y judicial continúa, el calendario académico queda atravesado por el paro docente y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza que podrían extender el conflicto en el sistema universitario público.