Por: 7ma Medios

Entre 1976 y 1983, en el marco del dictadura cívico-militar argentina, el terrorismo de Estado desplegó una política de persecución que tuvo como blanco directo al periodismo. Más de 200 periodistas, escritores y trabajadores de prensa fueron desaparecidos, en un intento por silenciar voces críticas y controlar la circulación de información.

El caso más emblemático es el de Rodolfo Walsh. Su secuestro en 1977 ocurrió un día después de haber difundido la “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar”, un documento que denunciaba con precisión el plan represivo y sus consecuencias económicas y sociales. Walsh fue interceptado en la vía pública y desde entonces permanece desaparecido.

Su figura trasciende el tiempo: escritor, periodista y militante, eligió confrontar al poder incluso en el contexto más adverso. En San Vicente, donde se encuentra su casa, su legado sigue siendo un punto de referencia para pensar el rol del periodismo frente a la violencia estatal.

“Fue la tragedia más grande del periodismo argentino”, escribió Osvaldo Bayer en el prólogo del libro Periodistas desaparecidos.

Durante años, la magnitud de la represión sobre el sector fue subestimada. En 1998, el listado de periodistas desaparecidos registraba apenas 101 casos. Sin embargo, las investigaciones posteriores ampliaron ese número: el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado contabiliza actualmente 223 periodistas, trabajadores de prensa y obreros gráficos desaparecidos. A esa cifra se suman cinco estudiantes de Comunicación.

El impacto de estos crímenes no se limita a las víctimas directas. La desaparición de periodistas implicó también la interrupción de investigaciones, la censura de denuncias y la imposición del silencio como norma.

A más de cuatro décadas, cada instancia de memoria vuelve a interpelar ese pasado. No solo como un ejercicio conmemorativo, sino como una advertencia sobre los riesgos que enfrenta la libertad de expresión cuando el Estado se convierte en agente represivo.