Por: 7ma Medios
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni suma nuevos movimientos. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cinco testigos para profundizar en las operaciones inmobiliarias que involucran al funcionario.
Entre los convocados aparece Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento de Caballito donde hoy reside el jefe de Gabinete. Su nombre surgió tras los allanamientos a la inmobiliaria que intervino en la transacción y deberá presentarse el próximo 22 de abril en Comodoro Py.
La medida forma parte de una estrategia judicial para reconstruir el recorrido completo de la propiedad, desde su adquisición original hasta su llegada a manos del funcionario.
El expediente tomó impulso tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien dio detalles de la compra del inmueble.
“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, afirmó Adriana Nechevenko.
Según su testimonio, la operación se realizó con un anticipo de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 financiado a un año, sin intereses. La escribana justificó esas condiciones por el vínculo de confianza entre las partes.
“Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago”, sostuvo Adriana Nechevenko, y agregó: “sabía que Adorni iba a pagar”.
Sin embargo, la fiscalía intenta determinar si esas condiciones se ajustan a parámetros de mercado o si podrían encubrir irregularidades.
Además de Feijoo, el fiscal citó a los responsables de la inmobiliaria que comercializó el inmueble, quienes deberán declarar el 20 de abril. También fue convocado el encargado del edificio donde se ubica el departamento.
La lista se completa con el vendedor de otra propiedad vinculada al funcionario, una casa en Exaltación de la Cruz, cuya declaración fue fijada para el 27 de abril.
En paralelo, los investigadores buscan acceder a comunicaciones entre los involucrados. Ese intento tuvo un obstáculo: la escribana no aportó su teléfono en sede judicial.
La causa no se limita a un solo inmueble. También se analiza la compra de otra propiedad, financiada mediante un crédito privado con tasas e interlocutores distintos, y los compromisos de deuda asumidos por el funcionario.
El fiscal apunta a contrastar esa información con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, y evalúa pedir el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
El expediente incluye además viajes al exterior en vuelos privados y movimientos financieros que, según la denuncia inicial, no guardarían proporción con los ingresos declarados.
La investigación se inició a partir de una presentación de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario.
“Se advierten severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual”, señaló Marcela Pagano en su denuncia.
El escrito también menciona la posible omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por montos millonarios.
Con nuevas citaciones y medidas en curso, la causa entra en una etapa clave. La Justicia busca determinar si las operaciones fueron transparentes o si existieron mecanismos para justificar un crecimiento patrimonial que hoy está bajo sospecha.