Por: 7ma Medios

En una resolución que difícilmente pase como un simple acto de justicia, el Tribunal Oral Federal N°2 otorgó a Cristina Fernández de Kirchner el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero lo hizo con una batería de restricciones atípicas que más parecen diseñadas para disciplinar políticamente que para garantizar seguridad: vigilancia electrónica mediante tobillera, listado cerrado de visitas y la curiosa prohibición de salir al balcón “para no perturbar al vecindario”. El fallo fue firmado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en una movida que algunos ya califican como un nuevo episodio de proscripción.

La medida fue ejecutada en su domicilio de Recoleta, donde agentes de la Policía de la Ciudad notificaron formalmente la detención. La escena se desarrolló en tono tenso, aunque la expresidenta, acompañada por su abogado Alberto Beraldi y colaboradores cercanos, mantuvo la serenidad. Su custodia, integrada por personal de la Policía Federal, también recibió instrucciones precisas.

El argumento de la seguridad y las excepciones arbitrarias

El tribunal justificó la domiciliaria en función del intento de asesinato que sufrió la exmandataria en 2022 y la dificultad de garantizar su integridad en una cárcel común. Pese a ese razonamiento, impuso una serie de restricciones extraordinarias. Una de las más llamativas es la colocación inmediata de una tobillera electrónica. La defensa alegó que no hay peligro de fuga ni necesidad de ese control adicional, ya que la custodia federal ya la vigila de manera permanente. Pero los jueces no lo consideraron suficiente.

Desde el ámbito jurídico, varios especialistas señalaron la doble vara con la que se actúa. “De los casi 500 genocidas con prisión domiciliaria, sólo una minoría lleva tobillera”, recordó la diputada y abogada Myriam Bregman. El abogado Miguel Ángel Pierri sumó que incluso en casos graves como el del músico El Pepo, condenado por doble homicidio culposo, nunca se aplicó ese dispositivo. “Esto no es habitual ni automático, menos con esta urgencia”, señaló.

Balcones y silencios

Otra cláusula desconcertante es la que le impide a Cristina Fernández salir al balcón de su casa. El tribunal lo justificó con un argumento insólito: no perturbar la “convivencia vecinal”. En realidad, detrás de esa disposición parece asomar el intento de limitar su contacto con la militancia, que la ha acompañado diariamente desde que se confirmó su condena en la causa Vialidad.

En esa línea también se inscribe la prohibición de recibir visitas fuera de un listado preaprobado. Sólo podrán ingresar a su domicilio familiares, abogados y médicos. Cualquier otra persona necesitará autorización judicial. Para muchos juristas, estas medidas constituyen un cerco que excede lo legal: no buscan proteger derechos sino aislar a una figura política clave.

El Gobierno, a distancia

Aunque el Gobierno nacional intentó despegarse de la resolución judicial, todo indica que estaba al tanto desde horas antes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repitió en medios que “sería lógico que Cristina no tenga que ir a tribunales”. El oficialismo busca evitar la imagen de una expresidenta esposada en Comodoro Py, pero no puede controlar la respuesta popular: una movilización masiva fue convocada para hoy a las 14 en Plaza de Mayo.

Un fallo que parece hecho a medida

Pese a que la resolución admite que “no se puede garantizar su seguridad en un penal sin violar sus derechos”, el fallo se esfuerza por desacreditar a la custodia federal y hasta reaviva críticas al operativo del atentado de 2022. La lógica punitiva se expresa con claridad en la vigilancia reforzada, el control de vínculos y la limitación de la expresión política, disfrazadas de criterios técnicos.

En el mismo país donde represores condenados por delitos de lesa humanidad pasean con permisos especiales o reciben visitas sin control, a una expresidenta se le niega el saludo desde un balcón. La defensa apelará las restricciones ante el tribunal y luego ante la Cámara Federal de Casación, integrada por jueces con pasado cercano al macrismo.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola también apelarán, por considerar la domiciliaria una medida “excepcional”. Insisten en que no hay razones humanitarias y que puede garantizarse su seguridad en una cárcel. En su presentación, incluso citaron a Miguel Ángel Pichetto en un curioso intento por justificar su negativa.

Una jurisprudencia desigual

Tal vez el dato más revelador del contraste sea lo que ocurre con condenados por crímenes mucho más graves. Jaime Smart, exministro bonaerense durante la dictadura, con múltiples perpetuas, ha salido de su casa para vacacionar en Bariloche. Otros han festejado aniversarios, ido al supermercado o a misa. En cambio, Cristina Kirchner enfrenta condiciones más severas que varios de esos represores.

La pregunta que sobrevuela el escenario político y judicial es si estas restricciones responden a una necesidad real de seguridad o si son una muestra de poder destinada a aislarla, castigarla y dejar un mensaje a quienes aún la acompañan. Mientras tanto, la calle ya tiene respuesta: movilización y resistencia frente a una medida que, más que justicia, huele a revancha.