La causa judicial contra Manuel Adorni escaló en las últimas horas con un pedido de detención presentado por la diputada Marcela Pagano, quien acusó al funcionario de haber intentado influir sobre un testigo clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La presentación fue realizada ante el juez Ariel Lijo luego de la declaración del contratista Matías Tabar, encargado de las remodelaciones en una propiedad vinculada al vocero presidencial. Para la legisladora, existen elementos suficientes para considerar un riesgo de entorpecimiento de la investigación.

“Hubo un intento de apretar a un testigo”, afirmó Marcela Pagano.

Según denunció la diputada, personas del entorno de Adorni habrían tomado contacto con Tabar antes de que brindara declaración judicial. El objetivo, sostuvo, habría sido condicionar su testimonio y limitar la información aportada al expediente.

En el escrito también se advierte sobre una presunta maniobra para borrar pruebas. De acuerdo con la denuncia, se habrían eliminado mensajes de WhatsApp y ofrecido asistencia legal al contratista a cambio de eliminar material almacenado en su celular.

Pagano argumentó además que el rol institucional de Adorni podría facilitar interferencias en el avance de la causa, debido a su nivel de influencia dentro del aparato estatal.

El pedido se apoya en la llamada doctrina Irurzun, un criterio judicial utilizado para justificar prisión preventiva cuando existen riesgos de obstrucción por parte de funcionarios o exfuncionarios con capacidad de incidencia residual sobre el proceso.

Como alternativa a la detención, la legisladora solicitó restricciones como prohibición de contacto con testigos, retención de pasaporte, caución económica y resguardo inmediato de comunicaciones.

Los pagos en efectivo y las obras de lujo

El eje central del expediente gira alrededor de la declaración de Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. Allí, el contratista afirmó haber recibido alrededor de 245 mil dólares en efectivo por trabajos realizados en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

“Los pagos fueron en mano”, declaró Matías Tabar ante la fiscalía.

Según su testimonio, no se emitieron facturas por esos desembolsos, un dato que profundiza las sospechas sobre el origen y la trazabilidad de los fondos utilizados.

La propiedad investigada figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, y habría sido adquirida por unos 120 mil dólares. Sin embargo, el monto destinado posteriormente a refacciones habría superado ampliamente ese valor inicial.

Entre las remodelaciones mencionadas aparecen una cascada ornamental valuada en 3.500 dólares, climatización de pileta cercana a 10 mil dólares, remodelación de parrilla por más de 13 mil dólares, además de gastos en cocina, aberturas, instalaciones eléctricas, calefacción, jacuzzi, parquización y mejoras en el salón de usos múltiples.

Parte de esa información quedó respaldada, según consta en el expediente, por documentación, fotografías, videos y el teléfono celular del contratista, material que será peritado por la fiscalía.

Con la incorporación de estos nuevos elementos, la causa entra en una fase sensible para el Gobierno: la investigación ya no se limita al patrimonio declarado del funcionario, sino que ahora también pone el foco en una presunta maniobra de obstrucción judicial.