Por: 7ma Medios

La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. Luego de la masiva movilización universitaria del 12 de mayo en distintos puntos del país, la Corte Suprema de Justicia admitió formalmente el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo para evitar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Con esta decisión, el máximo tribunal quedó en condiciones de intervenir en una causa que enfrenta desde hace meses a la administración de Javier Milei con rectores, docentes, no docentes y estudiantes de todo el país. El eje del conflicto está puesto en los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados a la actualización salarial y al sistema de becas estudiantiles.

Mientras la Corte analiza el expediente, la cautelar favorable a las universidades continúa suspendida. Esto implica que el Estado todavía no transfiere las partidas contempladas por la ley, una situación que profundiza el deterioro presupuestario en las casas de estudio.

Desde la Universidad de Buenos Aires reclamaron una resolución inmediata. A través de una presentación formal, solicitaron que el tribunal “se expida a la mayor brevedad posible” para garantizar la vigencia plena de la Ley 27.795 y descomprimir la crisis financiera que atraviesa el sistema universitario.

“Se expida a la mayor brevedad posible para garantizar la plena vigencia de la ley y la protección efectiva del sistema universitario público argentino”, afirmaron desde la UBA.

Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que la Corte no tiene plazos establecidos para resolver y que no habrá reuniones presenciales de acuerdo al menos durante las próximas dos semanas. Esa demora genera preocupación en el ámbito académico, que esperaba una respuesta más rápida tras la contundencia de la última movilización.

El reclamo económico es concreto. Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, los salarios universitarios atraviesan uno de sus peores momentos desde el regreso de la democracia. El sector denuncia una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 37,13 por ciento desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026.

Además, las becas nacionales permanecen congeladas desde el inicio de la gestión libertaria: el programa Progresar mantiene montos de 35 mil pesos y las Becas Manuel Belgrano continúan en 85 mil pesos, cifras muy por debajo del avance inflacionario.

“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, sostuvo Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias.

El Gobierno sostiene que la ley no puede ejecutarse porque no establece de manera explícita el origen de los fondos necesarios para su implementación. Bajo ese argumento, el oficialismo considera inviable el cumplimiento de la norma pese a que el Congreso la aprobó y luego ratificó tras rechazar el veto presidencial.

La ley había sido sancionada en agosto de 2025, vetada un mes después por Javier Milei y posteriormente respaldada nuevamente por el Parlamento. Más tarde, mediante un decreto, la Casa Rosada suspendió su aplicación hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento.

Ese movimiento derivó en la presentación judicial del sistema universitario. En diciembre, el juez Martín Cormick ordenó cumplir de inmediato los artículos cuestionados. Luego, en marzo de este año, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó esa decisión.

Ahora, la última palabra quedó en manos de la Corte Suprema, presidida por Horacio Rosatti. Hasta que no haya una resolución, el conflicto seguirá abierto y las universidades continuarán reclamando en las calles y en los tribunales.