Por: 7ma Medios

La situación ambiental de la Argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos, según las conclusiones del próximo Informe Ambiental 2026 elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El documento advierte sobre un escenario marcado por la desregulación normativa, la reducción del presupuesto destinado a la protección del ambiente, el debilitamiento del rol del Estado nacional y el avance de la degradación de los ecosistemas.

El informe analiza la actualidad política y normativa vinculada al ambiente, la ejecución de partidas presupuestarias estratégicas, el desarrollo de las energías renovables, el impacto de las actividades extractivas, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias del cambio climático sobre el territorio argentino.

Uno de los principales ejes del trabajo es la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno nacional y aprobada por el Congreso. Según FARN, la modificación reduce el alcance de la protección ambiental al limitarla únicamente a los glaciares y geoformas que cumplan una función hídrica considerada relevante, además de transferir a las provincias la decisión sobre cuáles deberán ser preservados.

"Esta reforma sobre una ley clave para la protección del ambiente ejemplifica el desmantelamiento de la gestión ambiental en el ámbito nacional", afirmó Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.

La especialista sostuvo que ese proceso responde a dos ejes centrales: la pérdida del rol de la autoridad ambiental nacional y la transferencia de competencias a las provincias en materias que, según remarcó, corresponden constitucionalmente al Estado nacional.

Fuertes recortes en las políticas ambientales

El informe también pone el foco en la reducción de los recursos destinados a organismos y programas vinculados con la protección ambiental.

De acuerdo con el relevamiento, las partidas destinadas a la Subsecretaría de Ambiente, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, la Administración de Parques Nacionales, el Fondo de Bosques y el Sistema de Áreas Marinas Protegidas registraron disminuciones de entre el 67% y el 95% en términos reales respecto de 2023.

"Esto consolida una regresión sin precedentes en la capacidad estatal para planificar, ejecutar y monitorear políticas de protección ambiental", aseguró Pía Marchegiani.

La reducción presupuestaria también alcanzó a las políticas de promoción de energías renovables y eficiencia energética, cuyos recursos descendieron más del 60% entre 2024 y 2025, de acuerdo con el estudio.

Bosques en retroceso y ecosistemas bajo presión

Otro de los aspectos que preocupa a la organización es la acelerada pérdida de biodiversidad. Datos oficiales citados en el informe muestran que entre 2022 y 2024 desaparecieron más de 550 mil hectáreas de bosque nativo.

Los desmontes continúan siendo uno de los principales factores de degradación ambiental, aunque los incendios forestales también explican una parte significativa del deterioro de bosques, humedales y pastizales.

El documento recuerda que los incendios registrados en Córdoba y la Patagonia afectaron más de 45 mil hectáreas y evidenciaron el impacto creciente de eventos climáticos extremos. Las sequías prolongadas, las altas temperaturas y las modificaciones en los patrones climáticos generan condiciones cada vez más favorables para la propagación del fuego.

Sequías cada vez más extensas

El informe también advierte sobre el agravamiento de la crisis hídrica. Tras la histórica sequía de 2023, la problemática volvió a repetirse con intensidad durante 2026.

Según datos oficiales, cerca del 30% del territorio argentino presentó condiciones de sequía, mientras que provincias como Córdoba, La Pampa, San Luis y Santa Fe registraron niveles de afectación superiores al 80%.

Además, el estudio señala que alrededor del 70% del territorio nacional corresponde a tierras secas y que más del 80% de esas superficies presenta algún grado de degradación, un escenario que incrementa la vulnerabilidad ambiental y productiva del país.