Por: 7ma Medios

El Gobierno nacional dio a conocer un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes alcanzados, reducir las causales de exclusión y reforzar las garantías durante los procesos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La propuesta fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y en las próximas horas ingresará al Congreso para su tratamiento.

Durante la presentación, el titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, además de contadores y especialistas en materia tributaria que participaron en la elaboración de las modificaciones.

"Los cambios responden a las sugerencias realizadas por especialistas luego de la aprobación de la ley en diciembre del año pasado", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Acceso sin límites patrimoniales

Uno de los cambios centrales del proyecto elimina los topes de patrimonio e ingresos para adherir al régimen. De aprobarse la iniciativa, todas las personas humanas y sucesiones indivisas podrán incorporarse a la Ley de Inocencia Fiscal.

Además, los contribuyentes incluidos en la categoría de "Grandes Contribuyentes" también tendrán la posibilidad de ingresar mediante un esquema simplificado. En esos casos, ARCA realizará una preliquidación del impuesto para facilitar el pago, aunque este grupo no accederá a los beneficios liberatorios previstos por la normativa.

Nuevos criterios para las fiscalizaciones

La iniciativa también modifica el concepto de "discrepancia significativa", un aspecto clave para determinar la permanencia dentro del régimen.

El proyecto establece que esa condición existirá únicamente cuando ARCA detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos impositivos superior al 15%.

Sin embargo, aun cuando ese porcentaje sea superado, el contribuyente no perderá automáticamente los beneficios si la diferencia reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión fijado por la legislación vigente, que actualmente asciende a cinco millones de pesos.

ARCA deberá demostrar las inconsistencias

Otro de los puntos destacados de la propuesta invierte la carga de la prueba durante las fiscalizaciones.

De esta manera, será ARCA la que deberá acreditar la existencia de inconsistencias mediante información declarada por el contribuyente, datos propios del organismo o documentación aportada por terceros, sin utilizar presunciones para fundamentar una discrepancia significativa.

Más tiempo para corregir errores

El proyecto incorpora una nueva herramienta para evitar la pérdida de los beneficios del régimen.

Quienes presenten una declaración jurada rectificativa y regularicen las diferencias detectadas, junto con los intereses correspondientes, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la liquidación administrativa o de la determinación de oficio, conservarán los beneficios de la Ley de Inocencia Fiscal.

Hasta el momento, esa posibilidad solo estaba contemplada para situaciones vinculadas con el uso de facturas apócrifas.

Devolución del dinero si el reclamo es rechazado

La iniciativa también incorpora una garantía para quienes acepten abonar un ajuste mientras mantienen abierta la discusión con el organismo recaudador.

Si posteriormente una resolución firme revoca la impugnación realizada por ARCA, el contribuyente recuperará la presunción de exactitud de sus declaraciones juradas y el organismo deberá devolver las sumas abonadas junto con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca ampliar el alcance de la Ley de Inocencia Fiscal, facilitar la adhesión al régimen y establecer mayores garantías para los contribuyentes frente a los procedimientos de fiscalización de ARCA.