Por: 7ma Medios

El Gobierno modificó su estrategia frente al conflicto por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Después de vetar la norma y sostener una disputa judicial, el oficialismo presentó un proyecto que recupera varios de sus principales puntos y plantea incorporarlos de forma permanente al marco legal.

La decisión llegó en medio de las diferencias con sectores del PRO y la UCR, que cuestionaron el capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027. Ese apartado introducía cambios sobre el régimen de discapacidad y generó críticas dentro y fuera del Congreso.

El Ejecutivo sostuvo que su propuesta busca “consolidar un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad”. Según el oficialismo, el proyecto pretende garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales y, al mismo tiempo, establecer un esquema permanente que reemplace el carácter excepcional de la emergencia.

“Proponemos incorporar de manera definitiva al plexo normativo el marco jurídico que, garantizando la sostenibilidad del sistema, asegure la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales”, sostuvo el oficialismo.

La presión de los aliados

El cambio de posición ocurrió después de una semana de tensión entre La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios. El capítulo VI del Presupuesto 2027 proponía modificar aspectos centrales del régimen de discapacidad mediante la ley de gastos.

Entre otros puntos, el texto recuperaba el criterio de “invalidez laboral” para acceder a una pensión, eliminaba el Certificado Único de Discapacidad y establecía la incompatibilidad entre el beneficio y un empleo registrado.

La presentación del nuevo proyecto se conoció después de una reunión que Martín Menem mantuvo con representantes de los bloques dialoguistas. El encuentro tuvo lugar antes de una reunión de comisión en la que la oposición buscaba avanzar con un dictamen para extender la emergencia por un año.

Juan Marino, autor del proyecto opositor de prórroga y vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, vinculó el giro oficialista con el rechazo al capítulo presupuestario.

“La reacción generalizada contra el capítulo VI del Presupuesto 2027 generó una crisis en el oficialismo”, afirmó Juan Marino.

El diputado también cuestionó el tratamiento que recibió la normativa desde el Gobierno y sostuvo que existe un respaldo social y político para mantener la emergencia. Además, reclamó que el Ejecutivo retire el capítulo VI del Presupuesto.

Marino señaló que la oposición no participó de las conversaciones que derivaron en el proyecto oficialista. “No fuimos consultados ni participamos en ninguna conversación sobre el dictamen del oficialismo. Es necesario conocer el texto”, afirmó.

La oposición mantiene su propio proyecto

Pablo Juliano también cuestionó el cambio de estrategia del Gobierno. El diputado sostuvo que el oficialismo enfrenta una disputa interna y puso el foco en la contradicción entre el nuevo proyecto y el Presupuesto 2027 enviado al Congreso.

“La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural”, afirmó Pablo Juliano.

El legislador también planteó dudas sobre la iniciativa oficialista a partir de los cambios incluidos originalmente en el Presupuesto.

“¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron?”, cuestionó Pablo Juliano.

Juliano sostuvo además que la emergencia debe continuar y anticipó que la oposición mantendrá su propio dictamen.

Qué propone el proyecto oficial

El documento que Martín Menem acercó a los bloques dialoguistas recupera varios puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La iniciativa mantiene el nomenclador único y su mecanismo de actualización. También establece una pensión equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y permite compatibilizarla con un empleo registrado para quienes perciban hasta dos salarios mínimos.

El proyecto conserva además la cobertura de salud y los beneficios para empleadores que incorporen a personas con discapacidad. A su vez, reconoce el derecho de los prestadores a percibir compensaciones pendientes.

Otro punto establece que las partidas destinadas al sistema no podrán reducirse en términos reales respecto del año anterior.

El texto también dispone que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias durante el primer ejercicio de vigencia de la norma para garantizar la continuidad de las prestaciones y beneficios.

La propuesta incorpora, además, auditorías periódicas con cruces de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. El mecanismo deberá respetar el debido proceso inclusivo y toma una sugerencia planteada por el PRO.

La UCR, por su parte, reclamó que la eventual nueva ley entre en vigencia dentro de un plazo de 30 días.

Un conflicto que sigue abierto

Pese al nuevo proyecto oficialista, la oposición mantiene su intención de llevar al recinto una iniciativa propia para prorrogar la emergencia.

El debate también quedó atravesado por la situación de las organizaciones, prestadores, trabajadores y personas con discapacidad que reclamaron frente al Congreso por el financiamiento del sector.

El escenario suma otro elemento político: la visita del papa León XIV a la Argentina. Entre sus actividades figura una recorrida por el Hogar Don Orione, una institución que expuso dificultades vinculadas con el financiamiento y los programas de asistencia.

Así, el Gobierno busca convertir en permanente parte del esquema que antes rechazó, mientras los bloques opositores reclaman que primero retire del Presupuesto 2027 los cambios que cuestionan. El Congreso deberá definir ahora si avanza con la propuesta oficialista o con la prórroga de la emergencia impulsada por la oposición.