Por: 7ma Medios

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

La decisión generó una fuerte reacción de Axel Kicillof. El gobernador bonaerense calificó la resolución como “el fallo de la infamia” y sostuvo que representa “una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”.

El mandatario provincial también cuestionó que el máximo tribunal haya intervenido después de que el oficialismo no consiguiera avanzar en el Congreso con una modificación del régimen de tierras.

“Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó Axel Kicillof.

Qué resolvió la Corte

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites para la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Entre otras disposiciones, fijaba un tope del 15% para la superficie rural que podía quedar en manos extranjeras a nivel nacional, provincial o departamental.

La norma también establecía restricciones para evitar la concentración de grandes extensiones y contemplaba limitaciones específicas sobre tierras ubicadas en zonas vinculadas con cuerpos de agua de carácter permanente.

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó ese régimen. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) presentó entonces una acción judicial para cuestionar la medida.

En 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo y ordenó mantener vigente la Ley de Tierras. El Estado nacional apeló esa decisión y el expediente llegó a la Corte Suprema.

El máximo tribunal, en una sentencia firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. La Corte sostuvo que el CECIM no contaba con legitimación suficiente para promover la acción y que no estaba configurado un caso o controversia judicial concreta.

En ese sentido, los jueces consideraron que la soberanía territorial no constituye un “bien colectivo” en los términos utilizados por la Cámara Federal para reconocer la legitimación de la organización de excombatientes.

La consecuencia práctica del fallo fue dejar sin efecto la sentencia de la Cámara y mantener vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el DNU 70/2023.

La reacción de Kicillof

Kicillof interpretó el fallo como un nuevo capítulo de la disputa política alrededor de la propiedad de las tierras rurales y la soberanía nacional.

El gobernador vinculó la resolución judicial con el intento del Gobierno nacional de modificar el régimen de tierras a través del Congreso. Según recordó, el oficialismo había incorporado cambios sobre esta cuestión en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero retiró ese apartado durante el debate parlamentario.

Para el mandatario bonaerense, la decisión de la Corte permite avanzar por otra vía sobre una discusión que no logró resolución legislativa.

“Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, sostuvo Kicillof.

El gobernador también relacionó la derogación de las restricciones con el discurso presidencial sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

“Termina de caerse la careta del supuesto Milei malvinero”, afirmó Kicillof.

En su publicación, el mandatario sostuvo que existe una contradicción entre la reivindicación argentina sobre Malvinas y una política que, según su interpretación, flexibiliza el acceso de capitales extranjeros a tierras y recursos estratégicos del territorio nacional.

“Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, afirmó Kicillof.

El antecedente parlamentario

La discusión sobre la propiedad extranjera de tierras rurales había regresado al centro de la agenda política durante el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El Gobierno nacional había impulsado modificaciones que incluían la eliminación de restricciones previstas en la Ley 26.737. Sin embargo, ese capítulo fue retirado durante el trámite legislativo ante la falta de respaldo suficiente.

El fallo de la Corte modifica ahora el escenario judicial. Aunque el máximo tribunal no analizó el fondo de la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, su decisión dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras.

El planteo del CECIM

El CECIM también cuestionó la resolución de la Corte y sostuvo que el fallo tuvo como consecuencia política permitir al Gobierno avanzar sobre una cuestión que había encontrado obstáculos en el Congreso.

La organización planteó que la decisión desconoce la posibilidad de defender judicialmente la soberanía territorial como un interés colectivo.

La discusión jurídica, sin embargo, se concentró en otro punto: la legitimación del CECIM para iniciar la demanda y la existencia de un caso judicial concreto.

La Corte sostuvo que esas condiciones no estaban configuradas y, por ese motivo, revocó el fallo de la Cámara sin expedirse sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

Kicillof cerró su cuestionamiento con una consigna vinculada directamente con la disputa por el dominio territorial:

“¡Argentina para los argentinos!”, escribió el gobernador.