Por: 7ma Medios
La Policía de Corrientes encontró el cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente de 52 años que desapareció a principios de octubre en la localidad de Esquina. Los efectivos localizaron sus restos en una zona de difícil acceso, a unos 15 kilómetros de la escuela rural donde trabajaba, durante los rastrillajes que concentraron la búsqueda en el área.
Junto al cuerpo, los investigadores encontraron un bolso que podría aportar información para la causa. La Justicia intenta reconstruir las últimas horas de la maestra y determinar quiénes participaron en su muerte.
La causa tiene cinco imputados: Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, investigados por el presunto delito de femicidio; Rosa Leguizamón, imputada por homicidio simple; y Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.
El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso que los cinco permanezcan detenidos con prisión preventiva hasta el inicio del juicio.
Durante los allanamientos, la Policía secuestró prendas de vestir y otros elementos que los peritos deben analizar. En una vivienda encontraron una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, además de cuatro cuchillos. Los investigadores buscan determinar la naturaleza de las manchas y establecer si los elementos guardan relación con la desaparición de Godoy.
También hallaron prendas quemadas en una tapera donde vivía Zarza, capataz de la estancia El Curupí. Los peritajes sobre esos elementos forman parte de las medidas destinadas a reconstruir los hechos.
Por ahora, la Justicia no determinó el móvil del crimen. Entre las hipótesis figuran un posible abuso sexual, un intento de impedir que la docente revelara información sobre algún hecho y una posible relación entre su muerte y las denuncias que presentó por las condiciones de la escuela rural donde trabajaba.
Nancy Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. Había asumido el cargo en agosto de 2026, después de diez años sin conseguir una designación docente estable.
La institución tenía ocho alumnos matriculados y presentaba graves problemas edilicios, falta de mantenimiento y ausencia de documentación escolar actualizada.
El último contacto conocido entre Godoy y su familia ocurrió el 7 de octubre, cerca de las 20.45. Ese día, la docente le escribió por WhatsApp a su hijo para avisarle que había llegado bien a la estancia donde se alojaba durante la semana.
La escasa señal telefónica y las dificultades de acceso al establecimiento complicaban las comunicaciones. Como Godoy solía regresar a su casa los fines de semana con ayuda de los peones rurales, la familia denunció su desaparición el 14 de octubre, cuando advirtió que no había vuelto.
Para llegar a la escuela, la maestra debía recorrer un trayecto complejo. Los propietarios de la estancia El Curupí facilitaban parte del traslado hasta el Puesto 9, desde donde continuaba a caballo durante aproximadamente una hora y media. Rosa Leguizamón, una de las imputadas, solía acompañarla en ese recorrido.
Tras la desaparición, se conocieron documentos y registros audiovisuales en los que Godoy describió las condiciones de la Escuela Rural N.º 626. En un acta manuscrita, la docente denunció problemas de infraestructura, suciedad, presencia de roedores y murciélagos, y falta de registros escolares de los últimos años.
“La parte edilicia está totalmente abandonada, sucia, con bichos de todo tipo”, describió Nancy Godoy en el acta que presentó ante el Consejo General de Educación de Corrientes.
La docente también advirtió sobre las rajaduras en las paredes, los ventanales rotos, el deterioro del techo y las condiciones insalubres del lugar. Según su testimonio, ella misma y Rosa Leguizamón habían realizado tareas de limpieza para acondicionar el establecimiento.
Las denuncias abrieron interrogantes sobre la respuesta de las autoridades educativas ante las condiciones de trabajo de la maestra y el estado de la institución.
Hilda Presman, referente de derechos humanos en Corrientes, cuestionó la falta de controles estatales sobre las escuelas rurales.
“La pregunta es: ¿dónde está el Ministerio de Educación de la provincia, que no garantiza condiciones dignas, sobre todo en las escuelas rurales?”, cuestionó Presman.
La referente también advirtió sobre las desigualdades que atraviesan las comunidades rurales y las dificultades que enfrentan los docentes que trabajan en zonas aisladas.
La causa mantiene abiertas distintas líneas de investigación. Mientras la Fiscalía avanza sobre la hipótesis de femicidio, referentes sociales y abogados reclamaron que los investigadores examinen todas las circunstancias del caso y no descarten otras posibles responsabilidades.
Hermindo González, abogado con experiencia en causas penales de Corrientes, sostuvo que el caso también exige analizar las condiciones de vulnerabilidad de los docentes rurales y la respuesta de las instituciones.
“Estoy de acuerdo con el reclamo. Debe ponerse el foco en la educación, y es importante que veamos las condiciones en las que trabajan en escuelas rurales”, sostuvo González.
El abogado también señaló que todavía deben esclarecerse aspectos centrales del expediente y pidió cautela frente a las interpretaciones sobre el móvil del crimen.
Por su parte, Norberto Codazzi, defensor de Ezequiel Bordón, denunció que su representado habría sufrido presiones para confesar. Esa acusación deberá someterse a evaluación judicial y no determina por sí misma la responsabilidad ni la inocencia de los imputados.
El caso también generó comparaciones con otras desapariciones y muertes que conmocionaron a Corrientes, entre ellas la de Loan Danilo Peña, desaparecido en junio de 2024, y la de Lautaro Alexander Rosé, quien murió en 2021 tras un episodio que involucró a efectivos policiales.
Las semejanzas en el impacto social de estos casos reavivaron los reclamos por la actuación de las fuerzas de seguridad, la investigación judicial y las responsabilidades institucionales. Sin embargo, cada expediente presenta circunstancias particulares y requiere pruebas propias para determinar los hechos.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional para exigir justicia por Nancy Godoy. La medida incluye una jornada de duelo, movilizaciones y actividades en distintos puntos del país.
Bajo la consigna “Justicia por Nancy. Nos falta una maestra”, el sindicato reclamó una investigación exhaustiva y transparente.
“Exigimos una investigación exhaustiva, transparente y sin demoras, que permita conocer toda la verdad, determinar las responsabilidades y garantizar justicia”, expresó CTERA.
La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, también puso el foco en las condiciones laborales de los docentes que trabajan en establecimientos rurales.
“Nancy Godoy es una como miles de maestras que recorren grandes distancias para ir a trabajar, una maestra que hace de maestra, directora y personal de limpieza por un salario indigno”, afirmó Alesso.
La organización sindical reclamó además que los gobiernos provincial y nacional asuman sus responsabilidades frente a la precariedad, el aislamiento y la falta de protección que afectan a quienes trabajan en escuelas rurales.
En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria incluyó una concentración a las 8.30 frente a la Casa de Corrientes, ubicada en Maipú 271.
El hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy marca un nuevo capítulo en una causa que mantiene en vilo a su familia y a la comunidad educativa. Mientras la Justicia busca determinar cómo murió y quiénes fueron responsables, los reclamos sindicales y sociales exigen respuestas sobre el crimen y las condiciones de abandono que la docente denunció antes de desaparecer.